DEMANDAS DE RESCOP A LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE LAS ELECCIONES GENERALES del 29N.
Por el fin de la complicidad del Estado español con el colonialismo, genocidio, la ocupación y el apartheid de Israel contra el pueblo palestino.
La Red Solidaria Contra la Colonización y la Ocupación de Palestina (RESCOP) presenta
las siguientes demandas a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales, con el objetivo de que incorporen compromisos concretos a sus programas electorales y a su acción política durante la próxima legislatura.
Ante el colonialismo israelí materializado en el genocidio en Gaza, la ocupación ilegal del territorio palestino, el apartheid y las vulneraciones sistemáticas de los derechos del pueblo palestino, exigimos que el Estado español asuma sus responsabilidades y adopte medidas efectivas para poner fin a cualquier forma de complicidad política, militar, económica y
financiera con Israel.
Las obligaciones derivadas del derecho internacional, incluidas las resoluciones de Naciones Unidas y las decisiones de los tribunales internacionales, deben traducirse en
medidas concretas, de obligado cumplimiento y que permitan la rendición de cuentas de forma transparente.
I. RUPTURA INTEGRAL DE RELACIONES CON ISRAEL
Exigimos la ruptura de todas las relaciones del Estado español con Israel (militares, económicas, diplomáticas, académicas, culturales y deportivas) mientras persistan el
genocidio, la ocupación ilegal y el apartheid. Esta ruptura se concreta en las siguientes medidas:
1. ÁMBITO MILITAR
a. Establecer un embargo integral y efectivo de armas a Israel. El embargo debe incluir la compraventa, importación, exportación, tránsito, transferencias, intermediación,
subcontrataciones, financiación y cualquier otra forma de colaboración militar, policial, tecnológica o de seguridad, directa o indirecta. Asimismo, se deben impulsar mecanismos de transparencia, supervisión y rendición de cuentas para asegurar que tanto el Estado
como las empresas que operan en el mismo cumplan con las obligaciones derivadas del embargo.
b. Cancelar todos los contratos y acuerdos de cooperación militar y de seguridad con Israel, incluidos los contratos de adquisición de armamento, los programas conjuntos de investigación y desarrollo, los acuerdos de formación, los servicios de mantenimiento y las relaciones con empresas israelíes de defensa, ciberseguridad y vigilancia. Establecer mecanismos de transparencia y control público para impedir que estas relaciones continúen mediante empresas intermediarias o filiales. Desde octubre de 2023 se han firmado 46
contratos con empresas israelíes, equivalentes a 1.000 millones de euros, que no han sido cancelados.
c. Poner fin a la colaboración militar del Estado español con operaciones que contribuyan a las vulneraciones de los derechos del pueblo palestino, incluido el uso de infraestructuras militares españolas por terceros países. Cerrar las bases militares
estadounidenses y de la OTAN en el territorio del Estado español.
2. ÁMBITO ECONÓMICO
d. Poner fin a todas las relaciones económicas y comerciales con Israel. Las relaciones comerciales con Israel no sólo sostienen la ocupación ilegal de Palestina, si no que son condición necesaria para la eliminación del pueblo palestino a través del genocidio.
Toda ayuda económica a Israel financia crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
No existe un comercio «bueno» y otro «malo» con Israel: la economía israelí es una sola y las relaciones comerciales contribuyen a sostenerla. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), en su opinión consultiva de julio de 2024, establece la obligación de los Estados de no .mantener relaciones económicas o comerciales que contribuyan a sostener la ocupación ilegal de Palestina. Esta obligación exige ir más allá de la prohibición del comercio con los
asentamientos en los territorios ocupados en 1967 y poner fin a todas las relaciones económicas y comerciales con Israel, incluidas importaciones, exportaciones e inversiones.
Además, la diferenciación entre productos israelíes y productos procedentes de los asentamientos resulta insuficiente e ineficaz, debido a las dificultades de trazabilidad y al
control israelí sobre la identificación y documentación del origen de las mercancías, así como a las prácticas fraudulentas denunciadas, tal y como muestra la última investigación
de Echo.
e. Establecer un embargo energético integral a Israel. Exigimos prohibir la exportación, el tránsito, el transbordo y la escala en puertos españoles, incluido el suministro de combustible a buques, de crudo, productos refinados, queroseno de aviación, carbón, gas y aditivos de carburante con destino a Israel. La limitación del Real Decreto-ley 10/2025 a los combustibles que «puedan tener un uso final militar» es insuficiente e inaplicable, ya que el ejército, los asentamientos y la red eléctrica israelí se abastecen de las mismas fuentes.
Mientras tanto, el puerto de Barcelona sigue siendo la principal vía de tránsito hacia Haifa del MTBE, un aditivo para gasolina, y buques cargados de carbón con destino a Israel han hecho escala en Ceuta sin ser inspeccionados. Exigimos además transparencia pública sobre el origen y el destino final de las cargas energéticas que transitan por puertos
españoles.
f. Excluir de la contratación pública, las subvenciones y la financiación públicas a las empresas implicadas en la ocupación ilegal de Palestina y en graves vulneraciones de los derechos del pueblo palestino. Como medida mínima e inmediata, exigimos que
todas las administraciones públicas del Estado español aprueben y apliquen una instrucción
de contratación pública equivalente a la impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, que impida contratar con las empresas incluidas en la base de datos de Naciones Unidas sobre
actividades empresariales relacionadas con los asentamientos israelíes ilegales. Esta medida debe constituir el mínimo común exigible a todas las instituciones públicas, y no el límite de su actuación. Además, las administraciones deben ir más allá y explorar formas para establecer mecanismos vinculantes para impedir que fondos públicos, contratos,
subvenciones o inversiones beneficien a empresas que contribuyan a la ocupación, el apartheid y las graves vulneraciones del derecho internacional, incluidas empresas como ICL, TEVA y Carrefour.
g. Impedir la participación de empresas que se lucran de la colonización, la ocupación, el apartheid y el genocidio de Israel contra el pueblo palestino en ferias
comerciales, congresos y eventos celebrados en espacios públicos o privados. Exigimos que el Estado adopte las medidas necesarias para impedir la presencia, participación, promoción y patrocinio de estas empresas en cualquier feria, congreso, exposición o evento comercial, independientemente de que se celebre en instalaciones de
titularidad pública o privada y de que reciban o no financiación pública.
h. Prohibir la inversión, financiación y contratación pública con empresas, bancos y fondos de inversión israelíes, así como con los vinculados a la colonización,
ocupación, apartheid y genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Las empresas y fondos israelíes contribuyen a sostener el sistema de ocupación y genocidio, entre otras
vías, a través de los impuestos que pagan al Estado de Israel. Exigimos que ninguna administración pública destine recursos económicos, inversiones, contratos o activos
públicos a empresas y fondos que se beneficien de estas políticas o contribuyan a sostenerlas, incluidas las empresas que suministran armas, componentes o combustibles a
las fuerzas armadas israelíes. Para ello, deben establecerse mecanismos efectivos de control, transparencia y desinversión, que alcancen a los fondos de pensiones públicos y de
empleo y a las entidades financieras públicas (ICO, COFIDES, CESCE, SEPI), y que obliguen a bancos, aseguradoras y gestoras de fondos a aplicar la debida diligencia en
derechos humanos y a cortar cualquier relación con sus contrapartes israelíes como actores
indispensables en la ocupación y el genocidio. En particular, exigimos poner fin a las .relaciones contractuales de la Sareb con Hipoges, vinculada al fondo de inversión KKR, y garantizar que la gestión del patrimonio público no beneficie a fondos de inversión relacionados con las vulneraciones de los derechos del pueblo palestino. En el ámbito de la
vivienda, exigimos que se haga pública la titularidad real de los grandes tenedores de vivienda y que se asegure que no se venda ni ceda suelo, edificios o vivienda pública a
fondos o sociedades israelíes o vinculados a la ocupación, como ocurrió con el edificio público sede de Málaga Acoge, vendido por la Junta de Andalucía a un grupo inversor israelí para destinarlo a pisos turísticos.
i. Prohibir que empresas implicadas en la ocupación ilegal de Palestina se beneficien .de la transición energética y de las políticas públicas de descarbonización. Exigimos que el Gobierno atienda las demandas de la campaña impulsada por Amigas de la Tierra y otras organizaciones contra Enlight Renewable Energy, y adopte las medidas necesarias para impedir que sus proyectos en el Estado español reciban financiación o apoyo público.
3. ÁMBITO DIPLOMÁTICO E INSTITUCIONAL
j. Romper todas las relaciones diplomáticas e institucionales con Israel. Poner fin a los acuerdos de cooperación y a las relaciones institucionales entre el Estado español e Israel, así como impulsar la suspensión total del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel.
k. Apoyar plenamente la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Garantizar la participación activa del
Estado español en el procedimiento, respaldar las medidas solicitadas por Sudáfrica y exigir el cumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la CIJ. Asimismo, garantizar la plena cooperación con la Corte Penal Internacional y el cumplimiento de las obligaciones
internacionales de prevención y sanción de los crímenes internacionales. Extremar el control
y vigilancia ante la presencia de miembros de las fuerzas armadas israelíes que han prestado servicio en áreas donde se han cometido de forma masiva crímenes de guerra y
de lesa humanidad.
4. ÁMBITO ACADÉMICO, CULTURAL Y DEPORTIVO
l. Poner fin a las relaciones académicas y universitarias con Israel. Exigir que todas las universidades del Estado español rompan sus convenios, proyectos de investigación, programas de cooperación y acuerdos institucionales con universidades y centros de investigación israelíes, así como con empresas israelíes o de cualquier otra nacionalidad que contribuyan al colonialismo, la ocupación, el apartheid y el genocidio contra el pueblo palestino, respetando los derechos individuales y la libertad académica.
m. Impulsar el boicot cultural a Israel. Mantener la retirada de España del Festival de Eurovisión mientras Israel participe en el certamen y adoptar medidas para impedir la
participación en eventos culturales celebrados en el Estado español de artistas y .delegaciones que actúen con el patrocinio, financiación o representación oficial del Estado
de Israel. No dar apoyo a la participación de cine, artistas o compañías artísticas del Estado
español, en festivales o eventos oficiales en Israel, o que tengan vinculación oficial con su
gobierno.
n. Impulsar la exclusión de Israel de las competiciones deportivas internacionales.
Exigir a las federaciones y organismos deportivos internacionales, incluidos la FIFA, la UEFA, la FIBA y la Euroliga, la suspensión de la participación de las selecciones nacionales y de los equipos integrantes de las federaciones deportivas oficiales de Israel. Adoptar las medidas necesarias para impedir la celebración de competiciones y eventos deportivos con participación de equipos oficiales israelíes en instalaciones públicas o privadas en el Estado español.
II. DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y FIN DE LA CRIMINALIZACIÓN
DE LA SOLIDARIDAD
o. Poner fin a la criminalización, vigilancia y persecución del movimiento de solidaridad con Palestina, de forma que se garanticen plenamente los derechos de
manifestación, reunión y expresión, incluido el derecho a promover campañas de boicot, desinversión y sanciones (BDS). Derogar las Leyes Mordaza y acabar con las actuaciones
represivas injustificadas contra quienes denuncian el genocidio y la ocupación de Palestina.
p. Garantizar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y de quienes son perseguidas por su solidaridad con Palestina. Exigimos la absolución de
todas las personas encausadas, entre ellas las 19 de València por protestar ante la naviera MSC o las 8 de Becerril por manifestarse en La Vuelta 2025, la retirada de las sanciones económicas, y que el Gobierno rechace la extradición de James «Fergie» Cox Chambers y le otorgue asilo político, garantice sus derechos fundamentales y adopte las medidas de su competencia para evitar su persecución por acciones de solidaridad.
q. Garantizar el apoyo político, económico y diplomático a las organizaciones de la sociedad civil palestina y la protección de las personas defensoras de los derechos
humanos. Exigimos que el Estado español mantenga y aumente la financiación y el respaldo político a las organizaciones palestinas que documentan las vulneraciones de
derechos humanos, defienden los derechos del pueblo palestino y trabajan por la rendición de cuentas ante crímenes internacionales. El Gobierno debe adoptar medidas concretas para proteger a estas organizaciones y a su personal frente a la criminalización, las designaciones israelíes y las sanciones estadounidenses, garantizando la continuidad de sus actividades y su acceso a financiación. Asimismo, debe impulsar en la Unión Europea la
activación del Estatuto de Bloqueo y otros mecanismos jurídicos y diplomáticos que permitan proteger frente a los efectos de las sanciones extraterritoriales.
r. Garantizar los derechos de las personas refugiadas palestinas que llegan al Estado español y facilitar la evacuación de los familiares de aquellas personas que lo deseen. Exigimos la apertura de corredores humanitarios urgentes y la evacuación urgente de familiares de españoles, ciudadanos con permiso de residencia español y sus familias, que hayan solicitado ser evacuados. También reclamamos la derogación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y paralizar su aplicación en el Estado español. Rechazamos el
PEMA por ser una medida racista y colonial que profundiza en la militarización y .externalización de las fronteras europeas, facilita las expulsiones y restringe el derecho de
asilo y la protección de las personas migrantes y refugiadas. Exigimos que el Gobierno .español paralice su implementación e impulse su derogación en las instituciones europeas, poniendo fin a las (necro)políticas migratorias basadas en la criminalización, la detención y
la exclusión de las personas migrantes. Reivindicamos una política migratoria que garantice vías legales y seguras, el derecho de asilo, la libertad de circulación y el pleno respeto a los
derechos humanos, también para las personas refugiadas palestinas.
