[:es]Las demandas de los grupos de presión/lobbies de Israel intentan frenar el boicot en España[:]

[:es]Charlotte Silver The Electronic Intifada 27 octubre 2016

Más de 50 comunidades en toda España se han declarado a sí mismas “Libres de Apartheid Israelí. Albert Gea Reuters

En Julio de 2014, con el aumento de los bombardeos de Israel en Gaza, la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina RESCOP España lanzó una campaña nacional dirigida a instituciones culturales locales, negocios y asociaciones, invitándoles a declararse a sí mismos “Espacios Libres de Apartheid Israelí”.

Estos esfuerzos han ido creciendo desde ese momento, tanto en tamaño como en tipo. Hoy, existen más de 50 ciudades y localidades participantes en el país.

Y ha generado una reacción. La RESCOP, que buscaba construir desde cero un apoyo al movimiento de boicot global, desinversión y sanciones (BDS), se enfrenta ahora a una rígida  oposición de ACOM (Acción y Comunicación), un grupo de apoyo legal pro-israelí que se ha beneficiado del reciente intento del gobierno israelí de enfrentar el creciente movimiento del BDS.

Todo comenzó de manera bastante inofensiva.

“En Gijón”, la ciudad más grande de la región española de Asturias, “comíamos en restaurantes, bebíamos en bares que tenían el logo de “Libre de Apartheid Israelí”, contó Maren Mantovani, de la campaña Stop the Wall, a The Elecrtonic Intifada.

Tales éxitos incipientes fueron pronto impulsados por otros esfuerzos.

En diciembre de 2014, surgió otra campaña con una idea similar, pero más ambiciosa, de pedir a los ayuntamientos que se declararan ciudades “Libres de Apartheid Israelí”. La llamada fue explicada en la Declaración Oliva, elaborada por representantes de varios grupos y ciudades en una conferencia co-organizada por un órgano de Naciones Unidas en Sevilla, la capital de Andalucía.

En el siguiente año, activistas de la RESCOP y de grupos locales del BDS trabajaron con casi tres docenas de ciudades y localidades, ayudándolos a elaborar mociones que dirigieran a las instituciones ciudadanas a evitar contratar servicios o adquirir productos que estuvieran involucrados en violaciones de la ley internacional y de los derechos humanos en Cisjordania y la franja de Gaza.

Las ciudades también se comprometieron a añadir el logo “Libre de Apartheid Israelí” en sus páginas web.

Hoy, aproximadamente 50 ciudades y localidades se han declarado a sí mismas “Libres de Apartheid Israelí”. La última en unirse es Cádiz, Andalucía. Cádiz, con más de 120.000 habitantes, es una de las ciudades más grandes en apoyar la campaña. La mayoría de las localidades involucradas son pequeños pueblos rurales en el campo, según activistas de la RESCOP.

Después de un año para tomar impulso, sin embargo, el movimiento chocó contra ACOM.

ACOM es un grupo de apoyo legal en España que se activó a la vez que la campaña de BDS comenzaba en el país eIsrael dedicaba 25 millones de dólares a un grupo operativo anti-BDS. A pesar de que ACOM dice de existir desde 2009, el primer informe identificable en inglés de su trabajo online es de otoño de 2014, cuando el grupo presionó al Congreso de los Diputados Español para que no reconociera la condición de Estado de Palestina, la cual no es un resultado de las negociaciones entre Israel y los palestinos.

Durante el último año parece que ACOM se ha concentrado exclusivamente en derrotar las mociones ciudadanas para ser “Libres de Apartheid Israelí”.

El 9 de febrero de 2016, un año y medio después del lanzamiento de la capaña anti-apartheid, ACOM presentó una demanda contra Langreo, una ciudad que aprobó la moción antiapartheid sólo unos días antes, el 28 de enero. Desde ese omento, ACOM ha estado enviando cartas intimidantes a las ciudades que han adoptado una estas mociones, amenazando con ir a juicio si no las cancelan. Algunas ciudades, como Rivas Vaciamadrid en el área metropolitana de Madrid, denuncian haber sido denunciados sin aviso.

Las demandas reclaman que las mociones ciudadanas no solo violan los derechos fundamentales del pueblo israelí y de todos los israelitas residents en el territorio español, según un portavoz de Rivas que ha pedido anonimato, si no también afirma que las mociones son racistas y discriminatorias hacia toda la comunidad judía.

Las demandas también defienden que las resoluciones incitan a la discriminación basada en los origenes nacionales y creencias, y al menos en un proceso, según una traducción de The Electronic Intifada, retrata al movimiento del BDS como una “fuerza extranjera” que está luchando contra una “supremacía judía imaginaria”.

Una vuelta de tuerca en la narrativa

ACOM ha retratado su campaña de Guerra jurídica como una victoria legal casi existosa contra el derecho al boicot, algo que los grupos de apoyo legal a Israel han estado intentando alrededor del mundo conforme el activismo del BDS ganaba apoyo en el terreno.

“Lanorma de la ley… se ha convertido en una piedra angular en la lucha para resistir el boicot del BDS que busca criminalizar al Estado de Israel y discriminar […] a cualquiera asociado con él”, declaró el presidente de ACOM Ángel Mas e una rueda de prensa este verano.

“Casi al contrario que las intenciones de los defensores del boicot, ahora los precedenes legales están siendo creados para asociar el movimiento BDS a actividades ilegales anti-semitas que van en contra de la ley internacional y de los derechos humanos” añadió Mas.

Pero al contrario que las demandas comunicadas en lengua inglesa de Israel en los medios, ACOM no ha archivado los litigios contra cada una de las mociones, ni han sido consecuentemente existosos.

Según los registros hechos por RESCOP, ACOM ha archivado al menos 20 demandas judiciales. En tres de los casos – incluyendo las ciudades de Langreo, Sant Quirze y Sant Adria – los jueces se han puesto de lado de ACOM, pero los otros casos no han sido victorias legales claras. En algunos casos, las ciudades han  retirado voluntariamente la moción para evitar una costosa demanda judicial y en otros casos los veredictos han sido ambiguos o han rechazado completamente la queja de ACOM.

En su Victoria en Langreo, ACOM fue descrito como “habiendo ganado el reconocimiento de la comunidad judía de Madrid”, y el juez fue quien pautó las mociones anti-apartheid de la ciudad “incita a la discriminación”.

Pero en el caso de Gijón, el tribunal desecchó la queja de ACOM, declarando que la moción ciudadana no era discriminatoria.

Y en el caso de Rivas Vaciamadrid, dijo el concejal de la ciudad a The Electronic Intifada, el juez decidió que la moción era constitucional siempre que no eligiera como objetivo los acuerdos de comercio israelí, sino que prohibiera en general el comercio con todos los violadores de lo derechos humanos.

El contraataque

Rivas está apelando a la decisión, según a funcionarios de la ciudad. Un activista dijo a The Electronic Intifada que la campaña ha alterado también su patrón de lenguaje de manera que las ciudades no se encuentren con las mismas objeciones en  el juicio.

“Todos tenemos un gran sentido de compromiso con la protección de los derechos humanos y la dignidad de todos los seres humanos alrededor del mundo” dijo el concejal de Rivas Vaciamadrid a The Electronic Intifada.

“A pesar de todas las limitaciones legales, el gobierno municipal de Rivas Vaciamadrid sigue convencido de que l gobierno local tiene la obligación, y así lo esperan nuestros ciudadanos, de participar en la lucha por los derechos humanos y un mundo mejor para todos”.

El concejal expuso que la resolución tuvo un gran apoyo de parte de la ciudad, y fue rechazada por los dos partidos del ala derecha del ayuntamiento.

Mientras tanto, Langreo está apelando la decisión del tribunal, resistiéndose a la idea de que un grupo de apoyo egal israekí pueda impedir que la ciudad se pronuncie en contra de las violaciones de los derechos humanos.

Pero otras ciudades han sido forzadas a replegarse inlcuso antes de que un tribual pudiera decidirlo.

Al menos cinco ciudades han retirado sus mociones después de haber recibido cartas de amenazas desde ACOM, según los datos de RESCOP. Ana Sánchez Mera, una miembro de la RESCOP en Madrid, ha dicho que estos pequeños pueblos no pueden permitirse defender la resolución en un tribunal.

ACOM quiere reclamar esto como victorias para su bando, pero Sánchez Mera destacó que no hay veredictos en estos casos, simplemente las ciudades no tienen los recursos para luchar contra ACOM en un tribunal.

Hay poca información pública sobre ACOM disponible. Su página web está en inglés y español pero tiene poco que decir acerca de quién son, en su lugar, declaran vagamente representar una red de “activistas y defensores” en España.

Poco apoyo popular a ACOM

Según las ciudades y pueblos visitadas por ACOM, sin embargo, es una organización compuesta por unos pocos hombres. Ángel Más es el presidente e Ignacio Wenley Palacios es el abogado jefe.

Cuando ACOM demanda a una ciudad, a la organización no se le incorporan los residentes de esa ciudad u otros ciudadanos españoles, según los que han hablado con The Electronic Intifada. Aunque la corte española ha reconocido que ACOM representa los intereses de Israel y de la comunidad judía en Madrid, es usual que sólo aparezcan Más o Palacios para discutir en el tribunal contra las resoluciones ciudadanas.

Sánchez Mera, de RESCOP, admite que ha sido revés en la campaña, pero no de la manera en la que ACOM lo ha expuesto en los medios. Para el periódico The Jerusalem Post, ACOM presume de que se están acumulando las victorias judiciales. Para Sánchez Mera, el litigio merma el tiempo y la energía de RESCOP, pero también ha servido para impulsar el compromiso entre los activistas de base.

“Está claro cuáles son los intereses de ACOM: están protegiendo los intereses de Israel mientras que el BDS está intentando proteger los derechos humanos”, dijo Sánchez Mera. “Creo que es bueno que esto esté explotando. Creo que está haciendo al movimiento más fuerte. Tenemos mejores mociones ahora. Tenemos más apoyo”.

En Europa, Francia es el modelo pro-Israeli que sus defensores esperan que los demás países sigan. Antes incluso del lanzamiento del movimiento BDS por la sociedad civil palestina en 2005, Francia aprobó una ley anti-boicot que ha sido aplicada desde entonces al BDS, diciendo que los boicots contra las naciones son formas ilegales de discriminación contra lo países y sus ciudadanos.

Una disidencia proscrita

Hay informes de que el Reino Unido está dándole vueltas a una legislación similar, aunque los gobiernos de Irlanda, Suecia y Holanda han afirmado el derecho al boicot.

Los Estados Americanos también están resolviendo dónde y cómo abalanzarse sobre el derecho al boicot, con algunos estados que quieren llegar tan lejos como para crear lisas negras de compañías que han finalizado contratos con las campañas al boicot contra Israel.

En España, donde la autonomía regional y la participación pública son apreciadas, los tribunales no han elegido un claro bando. Pero ha habido un aviso general en las altas esferas políticas en España acerca de Israel.

Al principio de este año, el gobierno español compensó a la Ariel University, situada en el asentamiento de Cisjordania, con más de 100.000 dólares por la recomendación del Consejo de Estado por excluir a esta universidad de participar en una competición científica en 2010.

El Consejo de Estado está considerado como el cuerpo consultivo gubernamental más importante y está formado por políticos determinados por el gobierno.

Este cuerpo declare que el gobierno violaba las leyes europeas contra a discriminación por nacionalidad o lugar de origen.

Pero la RESCOP y los resultados de los grupos locales de BDS en España todavía trabajando con el gobierno no están derrotados.

La campaña de “Espacios Libres de Apartheid Israelí” en todo el estado español está inspirando esfuerzos similares en otros países”, dijo Riya Hassan, la coordinadora europea del Comité Nacional del BDS, en una reciente rueda de prensa.

“En un momento de crecimiento del déficit democrático en el continente europeo, es inspirador ser testigo de cómo los ciudadanos están integrando la solidaridad con Palestina en sus agenda domésticas que promueven la justicia social, económica y ambiental”.

Charlotte Silver es editora asociada de The Electronic Intifada.[:]